Acuerdos para el desarrollo: una oportunidad para Uruguay

A veces, mirar hacia atrás permite entender mejor los desafíos del presente. En 2027 se cumplirán 60 años de la Constitución de 1967, que dio origen a instituciones clave como el Banco Central del Uruguay, la Oficina Nacional del Servicio Civil y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

También se cumplen 60 años del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, que dio lugar a la aprobación de un conjunto de leyes orientadas a impulsar y sostener un mayor dinamismo de la principal actividad productiva del país. Las leyes de Forestación, Fertilizantes, Conservación de Suelos y Aguas y Semillas, aprobadas en 1968, forman parte de ese proceso.

¿Qué tienen en común el Banco Central, la OPP y estas leyes destinadas a promover el desarrollo agropecuario?

Su origen: la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Creada a comienzos de la década de 1960 y conducida por el Cr. Enrique Iglesias, su trabajo se expresó, entre otros ámbitos, en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1965-1974.

Los años sesenta no fueron un remanso de tranquilidad política ni una etapa de prosperidad económica sostenida. Sin embargo, constituyeron un período de exploración intelectual, de miradas prospectivas y de búsqueda de nuevos caminos para sostener el desarrollo de un país atravesado por tensiones globales y locales. Todos conocemos los desenlaces de ese tiempo.

Existe, sin embargo, una paradoja entre ese contexto y el trabajo de la CIDE. Su ejercicio de planificación estuvo marcado por el pluralismo y la amplitud —muchos de sus participantes integraron luego los cuadros de conducción política y técnica de los principales partidos— y fue guiado por objetivos ambiciosos que trascendían la coyuntura. Reivindicaba la producción sistemática de conocimiento, la construcción de sistemas estadísticos confiables, la evaluación permanente de las políticas y la definición de prioridades para los distintos sectores de actividad.

Sesenta años después, Uruguay es una sociedad más desarrollada y una democracia plena. Ambas características nos ubican en un lugar de privilegio en la región. Es, además, un país donde la mayoría de los actores —del sistema político, del sector privado, del movimiento sindical y de la sociedad civil— sostienen vínculos basados en el respeto y el reconocimiento recíproco. Un país donde aún hay espacio para la construcción de acuerdos.

Ese es un activo valioso. Y también un acervo que requiere cuidado. En un contexto internacional donde resurgen tensiones, se debilitan democracias y proliferan discursos simplificadores, Uruguay no está ajeno a esas tendencias.

El proceso de elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo recoge, precisamente, esas tradiciones. Surge de una iniciativa del movimiento sindical y las cámaras empresariales, a partir de una inquietud compartida. Fue el Parlamento, por iniciativa propia, quien le otorgó rango legal en el último presupuesto quinquenal. En su comité estratégico participarán, además del sector trabajador y empresarial, el ámbito académico, los gobiernos departamentales a través del Congreso de Intendentes y la comisión del futuro del Parlamento.

El contexto global es desafiante. Las reglas del comercio internacional están en revisión; los conflictos bélicos generan impactos inmediatos y proyecciones inciertas; los cambios tecnológicos transforman la producción y el empleo; las desigualdades tensionan la convivencia social; y emergen nuevas formas de autoritarismo. A esto se suman transformaciones demográficas que interpelan nuestros arreglos institucionales. Más que fenómenos aislados, muchos de estos procesos parecen responder a un cambio de época.

En escenarios así, es frecuente que el futuro quede relegado frente a las urgencias del presente. No es el caso de Uruguay.

Por un lado, porque muchas de las prioridades del gobierno están orientadas a construir futuro. La Secretaría de Ciencia y Valorización del Conocimiento y Uruguay Innova son ejemplos de apuestas cuyos resultados no serán inmediatos, pero que buscan transformar el vínculo entre producción, políticas públicas e investigación.

También lo son la expansión del riego como motor de productividad agropecuaria, las inversiones en infraestructura y conectividad, el fortalecimiento de los incentivos a la inversión, la inserción internacional, la estabilidad macroeconómica y las nuevas iniciativas vinculadas a la competitividad y la innovación. Todas ellas configuran una estrategia de desarrollo.

Por otro lado, porque este tipo de instancias demuestra que, junto con la implementación de políticas concretas, el país mantiene la capacidad de reflexionar colectivamente. De identificar problemas estructurales que afectan la competitividad, la productividad y la sustentabilidad, tanto a nivel nacional como territorial.

Es en esas tres dimensiones donde, a través de un enfoque por misiones, se trabajar hacia orientaciones estratégicas y propuestas concretas.

Este no es —afortunadamente— el Uruguay de la CIDE. Si bien el crecimiento ha mostrado señales de desaceleración en los últimos años, el país ha sostenido una trayectoria de más de dos décadas de expansión, reducción de la pobreza y diversificación productiva.

Aun así, persisten desafíos. Y también aprendizajes. Aunque no se haya implementado un plan de desarrollo en sentido estricto, aquella experiencia dejó bases fundamentales: un sistema estadístico confiable, instituciones clave y marcos normativos que impulsaron sectores estratégicos. Más recientemente, la propia OPP ha generado insumos valiosos que hoy alimentan este nuevo proceso.

Este camino se inicia recuperando ese espíritu: el del encuentro en la diversidad, la construcción de acuerdos y la capacidad de proyectar en común.

Porque Uruguay tiene fortalezas que lo distinguen. Y porque su desarrollo depende, en buena medida, de sostener esa vocación: la de pensar en el largo plazo, innovar en políticas públicas y seguir construyendo oportunidades para toda su población.